IPROSS: no se puede decidir a las apuradas
En el plenario de comisiones, ante todos los bloques legislativos, fijamos una posición clara.
El Gobierno presenta este proyecto como respuesta al reclamo de afiliadas y afiliados que quieren elegir otra cobertura. Pero el reclamo principal es otro: necesitamos una reforma que mejore el funcionamiento de IPROSS, garantice la participación real de los sindicatos en los espacios de toma de decisiones del Instituto y transparente la administración de los recursos.
Falta información sobre qué se administró, qué se pagó, a quiénes se pagó, quiénes realizan aportes y quiénes mantienen deudas con el Instituto. Toda esa información debe estar disponible y ser pública. No se puede debatir a ciegas una reforma que impactará directamente en la seguridad social de miles de familias rionegrinas.
Por eso, antes de discutir cómo salir del Instituto, debemos discutir cómo mejorar sus prestaciones, su administración y el destino de nuestros aportes. Para hacerlo necesitamos información completa, participación efectiva y transparencia.
IPROSS no es una empresa ni una obra social privada. Es un instituto público de seguridad social, con una función solidaria y redistributiva. No fue creado para competir con empresas de medicina prepaga, captar clientes ni generar rentabilidad. Fue creado para garantizar derechos.
Tampoco se encuentra debidamente acreditada una urgencia que justifique su tratamiento en una sola vuelta. El Poder Ejecutivo puede solicitarlo, pero son las legisladoras y los legisladores quienes tienen la responsabilidad de garantizar un debate serio, con información, participación y tiempo suficiente.
La discusión no es si IPROSS puede competir en el mercado. La discusión es cómo logramos que administre correctamente nuestros aportes y garantice la cobertura de salud que las trabajadoras, los trabajadores, jubilados y pensionados necesitan.